La Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, publicada en el Boletín Oficial del Estado, reforma en un punto la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobada en 2003, para que lo ingresa el Estado como consecuencia de los saldos y depósitos abandonados en bancos y establecimientos financieros se destine a ayudas educativas a personas con discapacidad.

 

Hasta ahora, los saldos abandonados de las llamadas "cuentas durmientes", aquellas que han estado inactivas por un periodo superior a los 20 años, pasaban directamente a Tesoro Público, sin una afectación de gasto concreta.

 

A partir de esta modificación legal, que entró en vigor el pasado 11 de julio, lo que se recaude anualmente por esta vía será destinado al Real Patronato sobre Discapacidad, para que este organismo de la Administración General del Estado despliegue un programa de ayudas directas a beneficiarios para mejorar el nivel educativo de las personas con discapacidad.

 

Esta iniciativa de buscar un fin social a las "cuentas durmientes" ha sido planteada y defendida por el CERMI, dentro de la estrategia de esta plataforma de aflorar nuevos recursos económicos para políticas de inclusión, y se ha materializado en un texto legal tras ser asumida por el Gobierno a través de los ministerios de Hacienda y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.